La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto del Senado 229 (P. del S. 229), que propone la creación de la “Ley de Protección de Tierras Agrícolas, Bosques y Áreas Naturales Protegidas”, la cual establece la prohibición del desarrollo de proyectos de producción energética que menoscaben el potencial bioproductivo de estas áreas. Asimismo, delega en la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Planificación la responsabilidad de velar por su cumplimiento.

De aprobarse el P. del S. 229, se establecería una nueva política pública para la protección de tierras agrícolas, bosques y áreas naturales protegidas, prohibiendo el desarrollo de proyectos energéticos en estas zonas. La medida no contempla asignaciones presupuestarias adicionales ni elementos que incrementen el gasto del Gobierno de Puerto Rico.

Según el Informe PR-100 del Departamento de Energía Federal, la reducción en la disponibilidad de terrenos para proyectos de energía renovable requeriría la construcción de un mayor número de instalaciones pequeñas y dispersas, lo que afectaría las economías de escala y aumentaría los costos de infraestructura e implementación.

En este contexto, la OPAL concluye que, de aprobarse la medida, si bien no implica un efecto fiscal directo e inmediato sobre el Fondo General. La implementación del P. del S. 229 implicaría necesariamente el incremento en costos de transición a energías renovables debido a la reducción en la disponibilidad de superficie disponible para el desarrollo de proyectos para la producción de energía renovable a gran escala, especialmente en el contexto de lo requerido para cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 17-2019 y las disposiciones del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.