La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL),  evaluó la Resolución del Senado 175 (R. del S. 175). La cual ordena a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación sobre el costo para el erario y el efecto en la economía de las políticas de prohibición y castigo, llevadas a cabo por el estado para combatir el uso de sustancia controladas en los pasados diez años. A su vez cuantificar el costo de la adopción de un acercamiento salubrista al problema y realizar una comparativa entre ambos enfoques.

Esta resolución no tiene un impacto fiscal directo en el Fondo General, ya que los mandatos a las comisiones y agencias no conllevan un costo adicional al erario.